Los técnicos de Hacienda y de la Dian deberán considerar lo ya logrado en equidad y progresividad impositiva y evitar asfixiar a los de siempre.
Por: Gustavo H. Cote Peña
Cuando los ingresos del proyecto de ley de presupuesto de la Nación son insuficientes frente a los gastos estimados, la Constitución Política permite proponer nuevas rentas o modificar las existentes para lograr el equilibrio necesario. Por lo anterior, el desbalance de $12 billones en los ingresos previstos en la iniciativa presupuestal del 2025, sería cubierto con una ley de financiamiento.
Sobre las ideas ya desmontadas del proyecto, la semana pasada fueron desmentidas las filtradas desde las mismas dependencias oficiales sobre aumento de un punto en el 4 por mil y modificaciones en el IVA. Igualmente, como consecuencia del ‘Pacto por el Crédito’ celebrado por el Ministro de Hacienda y los bancos, sobre la reorientación de crédito adicional por $55 billones a sectores priorizados con el fin de impulsar una mayor reactivación económica, quedó descartada la tan debatida ‘inversión forzosa’ a cargo de las entidades financieras.
Valga destacar la importancia de este acuerdo, como ejemplo de cómo el diálogo constructivo entre los sectores público y privado sí es viable en el país, a pesar de quienes en el panorama nacional ven todo con pesimismo.
En relación con las medidas que formarían parte del articulado, el gobierno anunció algunas disposiciones sobre la regla fiscal, al igual que beneficios al turismo y las energías limpias, cubriendo el sacrificio en recursos con nuevos impuestos al petróleo y al carbón. También, ha planteado reducir la tarifa de renta de las sociedades sin concretar la forma de compensar el menor recaudo originado por este cambio. El camino de acudir a las personas naturales está agotado. La cruda realidad afrontada por los contribuyentes con ingresos altos, al presentar sus declaraciones de renta del año gravable 2023 y encontrar el drástico incremento de sus impuestos versus lo liquidado por el año anterior, producto de la disminución en los límites de los beneficios establecida en la reforma del 2022, impide esta alternativa.
A lo anterior se suma el aumento del 15% al 20% del gravamen de ganancias ocasionales. La detracción anterior a la vigente era del 10%, magnitud considerada prudente, en su momento, para imprimirle transparencia a las negociaciones de inmuebles y otros activos fijos. Llevarla al nivel mencionado solo implicará volver a la opacidad del pasado en las transacciones sobre esta clase de bienes, reduciendo la recaudación antes que aumentarla. El país continúa expectante, esperando la concreción del anunciado proyecto de reforma tributaria.
En el diseño de sus lineamientos, los técnicos de Hacienda y de la Dian deberán considerar lo ya logrado en términos de equidad y progresividad impositiva y evitar asfixiar a los de siempre.
O simplemente ser realistas y resignarse al sacrificio departe de los gastos e inversiones propuestos, privilegiando lo absolutamente indispensable.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian
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